Bloqueado. Funcionarios de la Asesoría Jurídica municipal procedieron esta semana a bloquear el acceso a la propiedad.

Luego de más de tres semanas de haberse registrado un doble homicidio durante una manifestación y recolección de firmas por parte de los vecinos del kilómetro 20 Acaray, San Felipe, el intendente municipal Diego Ríos resolvió la suspensión e inhabilitación de las obras en el predio. El propietario, Florentín Borja Segovia, autor del doble homicidio, permanece prófugo.

La disposición del Ejecutivo municipal se hizo cumplir el miércoles último, cuando funcionarios de la Asesoría Jurídica procedieron a bloquear el acceso a la propiedad, donde se estaba construyendo una base para torre de telecomunicaciones.

Frente al predio fueron asesinados los dirigentes sociales Óscar Daniel Martínez Barrios y Adriano Rojas Martínez, quienes en compañía de otros estaban juntando firmas de adhesión para presentar un pedido de suspensión de la obra en el sitio.

Borja Segovia, supuesto autor del crimen según los testigos, salió de una despensa ubicada al otro lado de la calle y preguntó quiénes lideraban al grupo, para luego efectuar varios disparos contra los que se identificaron como los dirigentes de la comisión, según el reporte de la Policía.

Posterior al hecho, una nota de repudio fue entregada a la mesa de entrada de la Municipalidad en la semana siguiente al doble homicidio por los miembros de la comisión vecinal, en la que rechazaron la instalación de la antena telefónica en el barrio, por temor a la tecnología 5G. Los vecinos temena que la antena sea nociva para la salud.

URGIERON AUDIENCIAS. Al respecto, la Junta Municipal había solicitado un informe al intendente municipal, Diego Ríos, sobre la cantidad de proyectos de construcción presentados ante la institución municipal en el distrito, además de sugerirle que se realicen las audiencias públicas con los vecinos para la autorización de este tipo de emprendimientos, así como lo establece una ordenanza municipal.

El plazo de 72 horas se cumplió, pero el informe aún no fue remitido a la Junta, de acuerdo con lo informado por la concejala Elizabeth Vargas, propulsora del pedido.

Vargas había señalado que en algunos casos se presentaron planos para la instalación de tanque de agua, por parte de empresas telefónicas, lo que daba indicios de que la verdadera intención era solapar las antenas telefónicas con tanques de agua, ante la oposición de los vecinos de Minga Guazú.

En consecuencia, señaló que las autoridades de los entes estatales y las empresas telefónicas deberían brindar más información a los pobladores con relación a las tecnologías para que se disipen las dudas.

COMUNICADO. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) había publicado en el 2020 que no existen riesgos de la tecnología 5G para la salud, basado en un comunicado de la Organización de Estados Americanos que desmiente los supuestos riesgos de la tecnología para la salud.

Estudios de la Unión Internacional de Comunicaciones revelaron que no hay riesgos. En nuestro país, las señales emitidas por las antenas de telecomunicaciones instaladas se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto 10071/07.